Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Nuevo marco, nuevas exigencias

‍

Reconfiguración institucional del acceso a la información

‍

El 20 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual reemplaza el marco legal anterior y redefine por completo la estructura institucional del sistema de transparencia en México.

Con esta ley, el Estado mexicano centraliza la operación y supervisión del derecho de acceso a la información pública en una nueva dependencia: la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que asume todas las atribuciones del extinto INAI.

Además del cambio institucional, la Ley introduce nuevos principios, obligaciones y mecanismos de cumplimiento que afectan tanto a las entidades públicas como a las organizaciones privadas que interactúan con recursos públicos.

Esta transformación normativa representa un cambio de fondo en cómo las personas podrán ejercer su derecho de acceso a la información, cómo las autoridades deben responder, y qué medidas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Disposiciones clave: lo que cambia y lo que exige

‍

‍Principios y procedimientos que amplían las obligaciones

‍

La nueva Ley de Transparencia establece principios rectores y procedimientos uniformes que regulan el acceso a la información pública en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Estos principios fortalecen el marco de cumplimiento al eliminar márgenes de interpretación discrecional. Entre los más relevantes se encuentran:

• Máxima publicidad: Toda la información debe ser pública, salvo que exista una causa legalmente justificada para ser clasificada como reservada o confidencial.
  
• Accesibilidad: La información debe presentarse en formatos claros, comprensibles y reutilizables por cualquier persona.
  
• Proactividad: Los sujetos obligados deben publicar información relevante de forma sistemática, sin necesidad de que exista una solicitud expresa.
  
• Congruencia y exhaustividad: Las respuestas a las solicitudes deben abordar todos los puntos planteados y contener fundamentos específicos.
  
• Documentación obligatoria: Las autoridades están obligadas a documentar cualquier acto o decisión, lo cual refuerza la trazabilidad institucional.
  
  

La implementación de estos principios implica una transformación operativa para todos los sujetos obligados, pero también para empresas que interactúan con entidades públicas. En muchos casos, la información generada por particulares en el contexto de contrataciones, subsidios o programas gubernamentales puede estar sujeta a revisión o publicación.

Para las organizaciones privadas, esto requiere una evaluación detallada de sus procesos, contratos y políticas de manejo de información, con el objetivo de asegurar el cumplimiento normativo y reducir riesgos derivados de solicitudes o investigaciones.

Datos abiertos y reorganización del sistema nacional

‍

Además de establecer nuevos principios, la Ley de Transparencia incorpora disposiciones técnicas y operativas que exigen mayor capacidad de respuesta y adaptación por parte de los sujetos obligados y entidades vinculadas con el sector público.

Datos abiertos: nuevas obligaciones digitales

‍

La ley define los datos abiertos como información pública digital accesible en línea, que puede ser utilizada, reutilizada y redistribuida libremente. Esta definición no es decorativa: impone obligaciones específicas que afectan directamente la forma en que se almacena, publica y actualiza la información gubernamental.

Entre los compromisos clave que establece la ley se incluyen:

• Publicar bases de datos completas, estructuradas y en formatos abiertos.
  
• Asegurar la disponibilidad continua de información sobre temas prioritarios como contrataciones públicas, presupuestos y programas sociales.
  
• Mantener actualizados los sistemas de consulta y facilitar la descarga libre de información.
  
• Establecer controles de calidad y veracidad en los contenidos publicados.
  
  

Estas obligaciones no se limitan a entes públicos. Las empresas en México que operan con recursos públicos o colaboran con entidades gubernamentales deben revisar sus políticas de entrega de información, formatos contractuales y flujos de comunicación con las autoridades.

Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública: rediseño completo

‍

La ley también reestructura el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, transfiriendo su dirección a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, e incorporando nuevas figuras y órganos operativos.

Los elementos más relevantes del rediseño son:

• Creación de la instancia llamada “Transparencia para el Pueblo”, encargada de normar, supervisar y resolver recursos en materia de acceso a la información.
  
• Establecimiento de subsistemas estatales de transparencia, con participación de representantes de los tres poderes, municipios y órganos autónomos.
  
• Integración de un Consejo del Sistema Nacional presidido por la Secretaría, con presencia de la Agencia de Transformación Digital, el Archivo General de la Nación y otras entidades clave.
  
• Centralización de funciones en una sola Plataforma Nacional, desde la cual se gestionarán solicitudes, medios de impugnación y reportes de cumplimiento.
  
  

Este rediseño implica un aumento en la exigencia operativa de los sujetos obligados y exige a las organizaciones privadas anticiparse a los nuevos canales, plazos y estándares para el tratamiento de información que pueda volverse pública.

‍

Desaparición del INAI y fortalecimiento del control administrativo

‍

Uno de los cambios estructurales más relevantes que introduce la nueva Ley de Transparencia es la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta decisión marca el fin de un modelo basado en un órgano constitucional autónomo para la garantía de derechos, y lo sustituye por una estructura jerárquicamente dependiente del Ejecutivo federal.

Transferencia de funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

‍

Todas las funciones que anteriormente estaban en manos del INAI —incluyendo la interpretación de la ley, la resolución de controversias, la supervisión de cumplimiento y la imposición de sanciones— pasan a ser responsabilidad de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Este cambio plantea ajustes clave en los siguientes aspectos:

• Las determinaciones de la autoridad garante ya no provienen de un órgano colegiado autónomo, sino de una secretaría de Estado.
  
• Se modifica el equilibrio institucional entre poderes, afectando el modelo de control constitucional construido en la última década.
  
• Las organizaciones deberán adaptar sus mecanismos de cumplimiento a los nuevos criterios y procedimientos que defina esta Secretaría.
  
  

Nuevas facultades sancionadoras y consecuencias legales

‍

La Ley de Transparencia amplía significativamente las capacidades de la autoridad para imponer sanciones directas a los sujetos obligados y demás entes vinculados. Las conductas sancionables van desde la omisión en la publicación de información hasta la negativa injustificada a responder solicitudes.

Entre las medidas previstas se encuentran:

• Multas económicas proporcionales a la gravedad de la infracción.
  
• Requerimientos de corrección o entrega inmediata de la información omitida.
  
• Posibilidad de presentar denuncias ante las autoridades competentes en casos de presuntos delitos.
  
• Supuestos de responsabilidad directa para servidores públicos que incumplan sus obligaciones de transparencia.
  
  

Para las empresas en México que prestan servicios públicos, operan bajo concesiones o reciben recursos públicos, este nuevo marco implica una exposición mucho mayor. Incluso si la organización no es considerada sujeto obligado, puede encontrarse involucrada en procedimientos derivados del incumplimiento por parte de una autoridad con la que colabora.

Por ello, contar con procedimientos internos de verificación, trazabilidad de la información y control documental es indispensable para mitigar contingencias legales y reputacionales.

‍

Implicaciones para el sector privado: exposición creciente y deberes indirectos

‍

Aunque la Ley de Transparencia está dirigida principalmente a sujetos obligados del sector público, su impacto en el ámbito privado no es menor. Diversas disposiciones alcanzan de forma directa o indirecta a las empresas en México que:

• Prestan servicios públicos a través de concesiones o contratos.
  
• Reciben subsidios, estímulos fiscales o apoyos institucionales.
  
• Forman parte de programas gubernamentales o ejecutan recursos públicos.
  
• Participan en licitaciones, contrataciones o colaboraciones con entidades del Estado.
  
  

Estas empresas pueden ser requeridas para entregar información relacionada con sus operaciones, contratos, estructura financiera o cumplimiento de obligaciones legales. Incluso si la solicitud es dirigida a una autoridad pública, el contenido puede involucrar directamente a un proveedor o prestador de servicios privado.

Además, la publicación proactiva de información por parte de los entes públicos puede incluir datos sensibles sobre contrataciones, montos pagados, desempeño o controversias, lo que incrementa la exposición legal y reputacional para el sector privado.

En este contexto, el cumplimiento normativo en materia de transparencia no es solo una obligación del gobierno. También se convierte en una necesidad operativa para los actores privados que interactúan con el Estado.

‍

Recomendaciones estratégicas para mitigar riesgos

‍

Para responder a este entorno normativo más exigente, las organizaciones privadas deben anticiparse a los posibles impactos legales y adoptar una política de cumplimiento integral. A continuación, algunas recomendaciones clave:

1. Identificar puntos de contacto con el sector público

Auditar todas las relaciones jurídicas vigentes con entidades gubernamentales: contratos, convenios de colaboración, apoyos recibidos o participación en programas públicos. Esto permitirá mapear qué información podría ser solicitada o publicada bajo el nuevo marco legal.

2. Establecer protocolos de respuesta y comunicación

Diseñar procesos internos para atender solicitudes indirectas o canalizar requerimientos de información cuando estos lleguen a través de las autoridades. Esto incluye asignar responsables, definir plazos internos y asegurar consistencia documental.

3. Fortalecer la trazabilidad y archivo documental

Asegurar que todos los documentos relacionados con contrataciones públicas o ejecución de recursos estén debidamente archivados, clasificados y accesibles en caso de ser requeridos. La trazabilidad documental es clave para responder oportunamente y evitar sanciones.

4. Revisar cláusulas de confidencialidad y protección de información

Revisar contratos vigentes para asegurar que existen mecanismos legales adecuados que definan qué información puede ser compartida públicamente y cuál debe mantenerse como confidencial, conforme a la ley.

5. Capacitar al equipo legal y de cumplimiento

Alinear al personal jurídico, de compliance y administrativo en los nuevos requisitos de la Ley de Transparencia. Un conocimiento sólido del marco legal permite tomar decisiones ágiles y reducir el margen de error operativo.

‍

Conclusión: cumplimiento como estrategia para empresas y organizaciones

‍

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública redefine los estándares legales en materia de acceso a la información en México. Con la desaparición del INAI, la creación de una nueva estructura de control administrativo y el fortalecimiento de las obligaciones técnicas y jurídicas, el cumplimiento deja de ser una práctica deseable y se convierte en un componente indispensable para operar con certeza legal.

El impacto no se limita al sector público. Las empresas en México que colaboran con el Estado, directa o indirectamente, enfrentarán mayores exigencias en términos de trazabilidad, exposición informativa y posibles sanciones si no cuentan con políticas claras de prevención.

El nuevo marco legal exige preparación. Identificar puntos de vulnerabilidad, establecer políticas de gestión documental y capacitar equipos internos en los alcances reales de esta ley son pasos clave para anticiparse a solicitudes, auditorías o procesos sancionadores.

Más allá de cumplir, se trata de operar con consistencia, orden y previsión en un entorno donde la gestión de la información se ha convertido en un indicador directo de integridad institucional. En EBL Consulting Group contamos con la experiencia para asesorar a organizaciones en la implementación de estrategias jurídicas que les permitan identificar riesgos, cumplir con la normativa vigente y fortalecer sus procesos en materia de transparencia.

‍